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Los equipos de senadores demócratas se reunirán con la parlamentaria Elizabeth MacDonough sobre la protección a indocumentados o 'parole'.
Desde la cantidad de inmigrantes indocumentados que podrían ser beneficiados con ‘green card’ tras ser protegidos con el plan de ‘parole’ que se discute en el Senado, el impacto fiscal por las ayudas sociales a recibir y la confusión de que el proyecto aprobado en la Cámara sería por más de 10 años que establece la regla de Reconciliación, son algunos de los retos que se enfrentan en el Senado para negociar la propuesta migratoria.
Con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el plan de protección para indocumentados o ‘parole’ surgieron esos aspectos que podrían representar un reto para la negociación en el Senado con la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough, reconoció una fuente del grupo de activistas directamente involucrado en el proceso legislativo.
De entrada, la fuente –quien no puede revelar su nombre para no entorpecer las negociaciones– revela que se debe aclarar a la parlamentaria que el plan es de 10 años, es decir máximo al 2031.
“Bajo las reglas de Reconciliación y lo que ha explicado la parlamentaria creemos que tenemos una buena oportunidad, porque está en la regla de Reconciliación de 10 años, no es algo permanente, es temporal, se puede renovar para el total de 10 años”, explicó la fuente.
Agregó que legisladores y los expertos que asesoran en la integración del proyecto se sorprendieron sobre algunos datos del CBO, como la cantidad de inmigrantes que podrían obtener la ‘green card’ tras estar protegidos con el ‘parole’.
La oficina presupuestal estima que serían hasta tres millones de personas, pero la fuente señala que el plan contempla una proyección del Center for American Progress (CAP) que estima unos dos millones de personas.
“Sí, es un problema que tenemos con CBO, porque el estimado del CAP era dos millones, porque toma en cuenta cuando los hijos cumplen 21 años, pero el CBO toma en cuenta a los hijos (en general), no la edad”, indica la fuente.
Agrega que si la parlamentaria MacDonough analiza esos datos contempla que más inmigrantes obtendrían el camino a la ciudadanía y, por ende, beneficios sociales.
“El CBO estima que más inmigrantes serán legales… eso puede ser un problema”, reconoció.
Durante las reuniones con la oficina presupuestal ya se han hecho ajustes a algunos datos, para que la parlamentaria tenga la información más clara, agregó la fuente.
La fuente insistió en la importancia de seguir las reglas de Reconciliación, las cuales marcan inversiones en máximo 10 años, por ello el plan migratorio está limitado.
Agregó que la estimación de poco más de $100,000 millones de dólares se aplicaría durante ese periodo, aunque hay cierta flexibilidad, pero por montos no muy altos y no especificados.
“Tenemos una flexibilidad con el número de los 10 años, pero no puede ser muy grande”, indicó. “Se toman otras consideraciones, como que esos inmigrantes se van a casar, tienen hijos”.
El reporte del CBO muestra que el plan de ‘parole’ podría continuar indefinidamente, aunque eso dependería del Congreso, ya que no es una orden ejecutiva del Gobierno del presidente Joe Biden, pero la confusión puede ser un problema con la parlamentaria.
“Sí, va a ser un problema para ella, pero creo que se puede arreglar ahorita”, adelantó. “Aunque el proceso es por 10 años, el CBO piensa que va a seguir y quieren tomar eso en cuenta”.
Señala que la proyección de la oficina presupuestal es el impacto fiscal cuando más personas obtengan la ciudadanía, un monto que era muy alto cuando se presentó el primer plan.
A pregunta expresa de este periodista, la fuente reconoció que había una disparidad en los números que el CBO exponía sobre que 6.5 millones de inmigrantes serían beneficiados, cuando las organizaciones civiles y legisladores contemplan entre 7.1 y 7.8 millones.
“El CBO a veces toma unos datos que nosotros no pensamos que sean muy exactos, también quiero señalar que no sé si los 7 millones aplicarían por el ‘parole’”, aclaró la fuente.
Señaló que cuando se planeó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) había un estimado de 1.2 millones de beneficiarios, pero solamente aplicaron unos 800,000.
Además del líder de la mayoría Chuck Schumer (Nueva York), los directamente involucrados en las negociaciones son el senador Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial; Bob Menendez (Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Alex Padilla (California); presidente del Subcomité de Inmigración, así como Catherine Cortez Masto (Nevada).
Otros expertos han señalado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá crear nuevas reglas para el programa de protección a indocumentados, pero la fuente afirma que no es un asunto complicado, pues se tomarán en cuenta los lineamientos existentes de ‘parole’.
