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Los demócratas en el Congreso afinan los detalles de una propuesta que impediría la deportación de 7.1 millones de indocumentados.
Los demócratas en el Congreso afinan los detalles de una propuesta que impediría la deportación de 7.1 millones de indocumentados, además de otorgarles permiso laboral; se trata del tercer plan cuya viabilidad en el proceso de Reconciliación debe ser aprobado por la parlamentaria Elizabeth MacDonough
Unos 7.1 millones de indocumentados podrían beneficiarse de un permiso de permanencia temporal si la parlamentaria del Senado llegara a dar su visto bueno a incluir esta protección en el plan presupuestario de los demócratas, según un estudio del Center for American Progress (CAP).
“El principio que me guía en el proceso de reconciliación en marcha ha sido el proveer una senda a la ciudadanía para el mayor número de inmigrantes indocumentados”, dijo el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey.
La opción de “parole” no se ha presentado todavía a Elizabeth MacDonough, una funcionaria apartidista a quien compete la interpretación de las reglas parlamentarias en el Senado quien ha rechazado dos veces las gestiones de los demócratas para que se incluya la inmigración en la ley presupuestaria de $3.5 billones de dólares que busca el presidente, Joe Biden.
“Seguiré trabajando con mis colegas y una amplia coalición de grupos para hallar una senda hacia adelante”, añadió Menéndez. “La inacción no es una opción, y están abiertas todas las opciones para asegurar que cumplimos con las comunidades inmigrantes en todo el país”.
Los republicanos, que tienen 50 curules en el Senado, argumentan que la inmigración no es un asunto que deba incluirse en una ley de presupuesto y hasta ahora la “parlamentaria” les ha dado la razón.
MacDonough ha rechazado hasta ahora que este tipo de medidas migratorias forme parte del mecanismo legislativo llamado “reconciliación” el cual permite aprobar de forma excepcional proyectos con una mayoría simple.
El propósito de los demócratas, que cuentan con 50 curules y el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, era abrir una senda a la residencia legal permanente, y posteriormente a la ciudadanía, para beneficiarios de los programas Acción Diferida (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas y “esenciales” indocumentados.
Una fuente demócrata dijo que esos beneficios podrían alcanzar a 8.3 millones de inmigrantes, pero ahora deben buscar alternativas.
Si bien el rechazo del trámite por parte de la Parlamentaria “es inmensamente decepcionante, la lucha no ha terminado”, indicó CAP en un artículo.
Una de las opciones que ahora consideran los dirigentes en el Congreso, según CAP, es una “parole” migratorio, una atribución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite que algunos extranjeros ingresen a EE.UU. o permanezcan en el país por razones específicas.
Este “parole”, indicó el grupo, no es una senda a la ciudadanía, pero “tiene un largo historial bipartidista y podría satisfacer las preocupaciones mayores de la ‘parlamentaria’”.
“Si se incluyera una estipulación de ‘parole’ para cubrir a cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2011, eso beneficiaría hasta 7.1 millones de inmigrantes indocumentados en todo el país”, destaca la organización progresista.
Según los cálculos de CAP, los estados con mayor número de migrantes que podrían beneficiarse de esa medida serían California, con 1.56 millones; Texas, con 1.28 millones; Florida, con 441,800; Nueva York, con 435,600, e Illinois, con 344,300.
